lunes, 9 de septiembre de 2013

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

A Nepomuceno Moreno, porque la lucha que tuvo para encontrar a su hijo lo llevó a la muerte y nadie pudo hacer nada para que esto se evitara, porque el gobierno federal ni siquiera se preocupó por él y cuando lo hizo, él fue asesinado de inmediato.
A finales de febrero de 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto da a conocer, a través de la vocería de la Secretaría de Gobernación, la cifra oficial de desaparecidos en México: 26, 121 personas. Este número, según las declaraciones del vocero oficial Eduardo Sánchez, corresponde a la contabilidad ejercida del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, es decir, todo el gobierno de Felipe Calderón; aclara además, que se ha llegado a este resultado a partir de los datos aportados por las distintas procuradurías de los estados del país. Hasta aquí parece que el gesto del nuevo gobierno es una respuesta concreta a tantos años de exigencias, sin embargo, de inmediato se cae de nuevo en la falta de seriedad, en la ocurrente idea de dar un número para acallar las voces que se levantan para protestar y exigir justicia. Ni el vocero, ni el propio secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dan respuestas sobre cuestionamientos fundamentales para entender mínimamente la problemática. ¿Cómo fueron desaparecidos los desaparecidos?, ¿en qué consiste la desaparición y cuáles son los criterios para tipificarla?, ¿dónde están las y los desaparecidos? ¿quiénes son los responsables de la desaparición?, ¿por qué el gobierno mexicano da a cuenta gotas la información y maneja datos imprecisos o incorrectos?
Estamos comenzando este año y el país es ya un polvorín, también comienza el nuevo gobierno a dar sus primeros pasos en lo que parece ser un periodo que pretende “poner orden al país”. Uno de los temas que subyace entre la maraña de asuntos por atender, es el de la desaparición de personas, y si ahora sale a la superficie es para tratar de desactivarlo y de desactivar el potencial de conciencia social que implica darse cuenta que en un “Estado democrático” hay decenas de miles de personas que un día se esfuman y que lo hacen por complicidad de las autoridades o del crimen organizado. La manera en la que se presenta esta aparente cifra total de desaparecidos, con poca disposición para el diálogo con la prensa, sin más explicaciones de los criterios para hacer el conteo final, el total de recursos que fue necesario, lo que implicó en términos de presupuesto, en fin, tan sólo un escueto número, algo más para acompañar y el silencio de nuevo. Afuera en las calles, los familiares de las personas que no están continúan organizándose para buscar respuestas claras, para encontrar a su gente, se mantienen en las calles exigiendo lo que deberían tener por derecho: justicia.
No es posible hablar de respuestas finales a una problemática tan compleja y monumental, pero lo que sí es posible hacer es detenerse un momento y escuchar con atención la palabra de varias de estas personas organizadas, tratar de comprender sus peticiones y de reorganizar, en función de los retos actuales, la manera de informar y comunicar el hecho de que continua habiendo hombres y mujeres que desaparecen por comisión u omisión de las acciones de las autoridades y del crimen organizado. Mientras el gobierno federal mantiene la falacia de la disminución de violencia o de víctimas, el país comienza a mostrar nuevas complejidades, nuevos retos en materia de justicia, cada día la prensa es más aterradora y la capacidad de asimilación de los atroces actos en que se ve envuelta la población es sin duda uno de los mecanismos que detienen los pasos que frenarán la ola de guerra que cubre al país.
El fantasma de la desaparición
Para Francisco Romero López, colaborador en la documentación de casos y asesor de familiares de desaparecidos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), la incapacidad del gobierno mexicano es evidente, no sólo por la escasez de recursos destinados a este asunto, también por su falta de disposición para dar una salida estructural a la situación que genera la existencia de desparecidos, la presencia de dolorosos vacíos en la sociedad. Francisco es muy claro cuando asegura que “no podemos estar pensando en un sistema de justicia que realmente apunte a atender a las víctimas si no pensamos en un diagnóstico serio de los elementos estructurales que propician la violencia”. Para él, la injerencia de esta problemática abarca a todos los partidos políticos, a todos los representantes de gobierno por lo que la situación de la desaparición se convierte en un cuestionamiento de facto de la viabilidad del Estado tal y como permanece ahora. En medio de la charla, Francisco pone un ejemplo claro de la situación en la que se encuentran los familiares de personas desaparecidas: “Hoy, un grupo del MPJD, dieron la bienvenida a un hombre (un funcionario) que se ve que es honesto, que es consciente, que le duele el dolor de la gente y que tiene mucha disposición para hacerlo, alguien que se quiere comprometer y que le habla muy bien a la gente. Una señora levanta la mano y le dice, ‘oiga, yo tengo siete años buscando a mi hija de seis años’. Una posición muy política y muy crítica, en resumen la señora le dice: dígame que es lo que usted va a hacer diferente que no han hecho los otros”.
El pasado 9 de enero, a través de palabras de Javier Sicilia, el MPJD recibió la promulgación de la Ley General de Víctimas a manos de Enrique Peña Nieto. En un acto protocolario, el movimiento accedió a dar una oportunidad para que esta nueva ley se aplicara y se le otorgaran los instrumentos necesarios y suficientes, sin embargo, las necesidades sobrepasan esta promulgación y este acto. Muchas de las personas que llevan buscando a sus familiares desaparecidos y que no dejan de hacerlo en múltiples latitudes de este país, no están de acuerdo con esta visión oficialista, casi de alianza, creen que se le da demasiada credibilidad a un gobernante cuestionado en su legitimidad y en su actuación como gobernador del Estado de México, entidad que mostró un incremento en las cifras de feminicidios en 2010,[1]durante su mandato.
No es para menos el cuestionamiento. Para el propio Francisco Ramos es “imposible pensar en la transformación de un monumento como la Estela de Luz en un memorial si ni siquiera se tiene la lista de los desaparecidos, si el gobierno no reconoce su responsabilidad en este asunto”. El abogado vinculado al MPJD opina que también deben de asumirse los errores y declarar públicamente que no debe haber más desaparecidos al igual que un diálogo abierto y serio entre las distintas organizaciones sociales afectadas, la población en general y todas las autoridades involucradas, sin importar el partido político, y poner a disposición todas las herramientas necesarias para atacar estructuralmente, no las consecuencias de la desaparición, con asistencialismos, sino las condiciones que permiten que en país que se llama democrático existan desparecidos forzados.
Las personas que no están porque fueron desparecidas se han vuelto uno de los principales fantasmas de México, este país se ha convertido en un largo penar para decenas de miles de familias que continúan recorriendo instituciones de todo tipo en busca de una pista que los lleve al reencuentro con su familiar. Fantasmas como este no desaparecen, se vuelven cicatriz.
Conceptos para nombrar el vacío
Fuerzas Unidas de Nuestros Desaparecidos en Coahulia/en México (FUUNDEC/FUUNDEM) es una organización que nace en 2009 con la finalidad de romper el silencio, organizarse y denunciar la desaparición forzada de sus familiares. En 2012 los integrantes de esta organización le dan una dimensión nacional y logran importantes avances a nivel de denuncia y de problematización del asunto de la desaparición forzada. Justo es esta particularidad, la de poner el acento y dar apellido al tema lo que es sustancial. No se trata de desapariciones neutrales, de extravíos como son llamados a veces los casos en los que las personas ya no regresan; en este caso, quienes integran esta organización, tienen muy claro que se trata de la intervención de una o más personas o agentes del Estado las que hacen que esta situación no se modifique sino que se vuelva cada día más intensa. Es decir, se habla de desapariciones forzadas y sea por omisión o por comisión, el Estado mexicano es responsable y tiene que asumir las consecuencias de esta realidad.
Existen otras organizaciones que coinciden en caracterizar a la desaparición en México como algo forzado y esto implica siempre la participación de algún agente del Estado. Organizaciones como Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) en su capítulo mexicano, coinciden en la necesidad de nombrar las cosas como son, como lo fueron desde que una persona se convirtió en el primer desparecido en 1969. Para esta organización la situación del país está clara y no se solucionará aceptando las salidas asitencialistas que desde hace décadas reciben los familiares de desaparecidos, no sólo porque el resarcimiento de los daños implica que el gobierno acepte su implicación y se someta a los sistemas de justicia. Eso no pasará porque quienes gobiernan hoy el país pertenecen al mismo aparato de Estado que ha gobernado este país durante mucho tiempo, son aprendices (en muchos casos ya pasantes) de los grandes responsables de las desapariciones forzosas de los años 60 y 70. Volvemos ahora a lidiar con la misma cerrazón, sólo que renovada, la misma estructura que gobierna como si fueran gángsters y no políticos. ¿Cuál es la conexión entre las desapariciones forzadas políticas de la Guerra Sucia y los desaparecidos de los últimos años? Que los responda Enrique Peña Nieto, su gobierno y su partido.
Antonio Verástegui González y su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, hermano y sobrino respectivamente de Jorge, fueron desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras de la Fuente, Coahuila aproximadamente a las 23:00 hrs. Ellos regresaban de un acto religioso en un ejido cercano a su lugar de vivienda, en el camino se encuentran con un retén de civiles armados; según testigos las camionetas tenían torretas y los sujetos estaban encapuchados y fuertemente armados, vestidos de negro o azul oscuro, al parecer tenían las insignias de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Jorge, en cuanto recibe la noticia, procede a dar aviso a las dependencias correspondientes y acudió a la policía ministerial y a la estatal, ahí se encuentra con que las oficinas están cerradas y no hay respuesta. En otra dependencia le dieron un número de emergencia y le dijeron que no podían hacer más. Jorge continúa buscando a su hermano y a su sobrino.
No le exige justicia, tan sólo busca a sus familiares, para él “la justicia no existe, la autoridad no hace su trabajo, que esta autoridad se encuentra coludida con la delincuencia”. Son las familias las que hacen las investigaciones y luego se las presentan a funcionarios que lamentablemente no van a hacer nada, por ser cómplices e incompetentes para el abordaje de la situación. Así se vive en México una desaparición. De manera forzada, continua creciendo un vacío en la sociedad que no tendrá respuesta, un vacío irresoluble, inconmesurable.
A los dos Antonios no los “levantaron”, no desparecieron porque se extraviaron. Desaparecieron porque alguien se los llevó y los trató de borrar del mapa. Para 2012 se comprueba la colusión a través de un operativo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR), en donde es detenida la licenciada Claudia González, subdelegada de la misma procuraduría en Saltillo, Coahuila, se detienen escoltas, policías estatales, se comienza a buscar al subprocurador o fiscal ministerial, Domingo González Favela. Para Jorge “se abre la cloaca de los funcionaros públicos que están coludidos con la delincuencia organizada, te comprueban porque no estaban haciendo nada es frustrante para la población ver que los funcionarios no trabajan para la ciudadanía sin para los grupos del crimen organizado. Hay que ser claros, a los familiares de Jorge no los despareció el azahar, no los levantaron por andar en malos pasos, o algún conflicto interno que lo obligó a irse sin decir nada, a ellos como a tantos miles de personas los desaparecieron o por lo menos no hicieron nada para impedir esta acción. ¿Cómo es posible que sea el nuevo gobierno, siendo juez y parte, quien ahora haga promesas?
Y los migrantes que cruzan México para intentar entrar en Estados Unidos. Ello sin siquiera estar contabilizados en la lista oficial que recién entrego el gobierno federal. Las y los migrantes son personas que desparecen por miles, las autoridades lo saben y en muchos casos, lo motivan. Es un buen negocio.
No se trata de “levantones”, se trata de desapariciones forzadas. Y eso hay que decirlo claramente.
Antes las sospechosas respuestas del gobierno
Para organizaciones como FUUNDEC/FUUNDEM e HIJOS la labor es titánica pero debe continuarse con la búsqueda de los familiares desaparecidos. Esta es la coincidencia que permite una relación estrecha y un intercambio de experiencias, aunque para los segundos sea indispensable también luchar por la construcción de la memoria histórica y la exigencia de justicia para que esto no vuelva a repetirse. Y de esta manera podemos hablar de muchas personas que se han organizado a los largo y lo ancho de este país y que intentan dar una respuesta real y concreta a lo que el Estado continua negando y provocando.
Una de las tareas que realizan los familiares, los abogados, los defensores de derechos humanos, algunas diócesis que se comprometen, es la construcción de hipótesis o de líneas de investigación. ¿Dónde están las personas que fueron desaparecidas?
Para Francisco Romero los desaparecidos son aquellos que fueron a buscar sus propias verdades “porque vieron cómo en sus comunidades la violencia se fue generalizando, se fue instalando, fue condicionando, fue estableciendo condiciones de funcionamiento. Son gente que no podía sujetarse a eso. Hay otras personas que les decían, no salgas y ellos salían porque esta era su realidad y no podían negarla. Son gente que vivía en una realidad y no le encontraba respuesta”.
¿Dónde están los desaparecidos? Vuelve a escucharse la pregunta…
Blanca Martínez del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, sostiene la hipótesis de que muchas personas se encuentran en campos de trabajo forzado o son forzados realizar actividades delincuenciales para varios grupos del crimen organizado. Esta hipótesis surge de algunos testimonios de personas que han logrado salir de estos lugares de concentración o bien, han podido desvincularse de las personas que los mantenían en actividades que ayudaban a los cárteles. Sin embargo aún falta mucho por investigarse en este sentido, por eso Blanca también apela a que se indague y se profundice la búsqueda de los desaparecidos.
El vacío social que significa la desaparición de, por lo menos, 26, 121 (aún con las irregularidades y las deficiencias metodológicas) es enorme y tal vez no haya posibilidad de sanar esta herida. Desde el gobierno no existe voluntad para transitar a una situación que permita esta reconciliación, ni siquiera es posible imaginar alguna solución concreta. En lo que sí se coincide, por parte de las organizaciones sociales, es en la necesidad fundamental de llevar cabo un cambio estructural que ponga punto final a las condiciones que hacen posible la desaparición forzada.
Un cambio estructural, algo urgente en un país tan herido y tan desconfiado. No tratar la enfermedad solo en sus síntomas sino en sus causas.
Lo que sí se puede ver con certeza es la transformación de las personas en su actuar; a través de las organizaciones sociales, comprometidas seriamente, muchas personas que se enfrentan al calvario sin fin que significa tener un familiar desaparecido, han pasado de una reacción individual, desesperada, a una forma de actuar colectiva, con la confianza generada al ver que no están solas. Lo que no se ve en las engañosas cifras dadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto -y a lo que le tiene pavor-, es la manera en la que los familiares han reaccionado a esta tragedia: venciendo el miedo y rompiendo poco a poco las barreras que impiden la visibilización de las causas y a los responsables del vacío social.
*Una versión más corta de este texto fue publicado en el número 11 de la revista Variopinto

[1] Según el artículo “La lucha de las mujeres por libertad y derechos. Primera parte”, publicado el 8 de marzo en la página de la Agencia Subversiones (http://subversiones.org/archivos/7156), fue en el año 2010 que el Estado de México tuvo en promedio 6.4 asesinatos de mujeres al día.
FUENTE: Subversiones

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