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A pedradas. Así fue asesinado el pasado 2 de agosto en Amatlán de los Reyes, Veracruz, Noé Vázquez Ortiz. El ambientalista falleció mientras recogía frutos para darle la bienvenida a todos los delegados del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
Vázque Ortiz defendía su tierra ante un ambicioso proyecto que pretende acabar con más del 67% del territorio forestal de Amatlán de los Reyes y otras cinco comunidades para la construir la hidroeléctrica El Naranjal, describe en su texto “Morir a pedradas” el defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof.
En los últimos dos meses han sido asesinados al menos cinco luchadores sociales. A la muerte de Vázquez Ortiz, hay que añadir los recientes asesinatos de tres líderes sociales, en Guerrero, y del activista Herón Sixto López, en Oaxaca. Además las amenazas que sufrieron dos investigadores en Sonora por el proyecto de la presa Pilares.
De acuerdo con los registros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de 2005 al primer semestre de este año se tenían registrados 44 homicidios de defensores. En el mismo periodo hubo 53 amenazas, 64 detenciones ilegales, 16 casos de criminalización y 14 de uso indebido de la fuerza pública, denunció Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Públicas de la organización.
La mayoría de los crímenes en contra de los defensores están ligados a megaproyectos mineros y de otras industrias como la energética, turística, inmobiliaria y de infraestructura vial, dijo a SinEmbargo, apenas en junio pasado, el abogado de CEMDA.
Con la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa se dispararon los atentados contra defensores sociales. Y con Enrique Peña Nieto la tendencia mantiene un ritmo mortalmente constante…
CINCO MUERTOS EN DOS MESES
Ayer, fueron encontrados muertos Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur (Larsez) y también secretario general de Partido Comunista de México (PCM); y Samuel Vargas Ramírez, integrante del Comité Regional del PCM. Y una tercera víctima de la que sólo se conoce su nombre, pero se presume es sobrino del líder agrario y parte del movimiento social.
Los cuerpos hallados en un municipio de Guerrero presentaban huellas de tortura y sólo uno tenía un disparo en la cabeza.
Al respecto, el dirigente de la organización Colectivo Contra la Tortura e Impunidad, Bertoldo Martínez Cruz, dijo que el líder agrario se encontraba atendiendo una problemática de grupos indígenas en Coyuca de Benítez.
En Oaxaca, el pasado 20 de julio, fue hallado muerto el defensor indígena Herón Sixto López. El cadáver del activista, que presentaba por lo menos seis lesiones por arma de fuego, fue hallado días después de que se reportara su desaparición en las inmediaciones de la comunidad San Sebastián Tecomaxtlahuaca.
La organización Aministía Internacional (AI) llamó a las autoridades a ofrecer protección a la familia del abogado e integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas (COAPI) y a esclarecer el caso. De acuerdo con AI, Sixto López era defensor de los derechos de los pueblos mixtecos locales en las disputas de tierras.
EN DEFENSA DE LOS GUARIJÍOS
El lunes pasado, los investigadores Ramón Martínez Coria y Armando Haro Encinas, que radicaban en Sonora, se vieron obligados a trasladarse a la Ciudad de México por amenazas de muerte.
Martínez Coria es presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable y Haro Encinas es académico de El Colegio de Sonora, y permanecían en las comunidades guarijías para asesorar a los indígenas sobre la negociación para la construcción de la presa Los Pilares.
El gobierno sonorense planea construir una presa que afectará a los pueblos de los Guarijíos y según los especialistas, no se llamó a una consulta popular para su realización.
Sin embargo, desde que los investigadores arribaron a la sierra de Álamos empezaron a recibir amenazas de distintos tipos, desde vandalismo en sus camionetas, hasta mensajes intimidatorios en sus celulares.
La presa Los Pilares es ahora objeto de tensión social.El gobierno cuenta con alrededor del 96% de los terrenos necesarios para su construcción, pero el resto son las tierras históricas de los Guarijíos, algunas de las cuales incluyen sus asentamientos y, como es el caso de Mochibampo, su panteón.
Sin embargo, eso no fue obstáculo para que en agosto de 2012, el Gobernador Guillermo Padrés sostuviera que estaban listos “los consensos” y la licitación, y que en septiembre se iniciaba la construcción.
UNA DIFÍCIL TAREA
La tarea de activistas y luchadores sociales en el país no ha sido fácil y no presenta avances, a pesar de que desde 2012 existe un mecanismo de protección para luchadores sociales, de derechos humanos y periodistas.
En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se tenían registrados 14 homicidios de activistas y la desaparición de uno más. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de defensores contra los derechos humanos nacionales y extranjeras hablan incluso de una veintena de muertos, y otro tanto de desaparecidos.
Tan sólo en el mismo año del reporte, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad denunció que en menos de dos meses tres de sus integrantes habían sido asesinados: Pedro Leyva, Trinidad de la Cruz y Nepomuceno Moreno.
Por lo que organismos independientes y oficiales afirman que el pasado fue un sexenio de sangre para los activistas.
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