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Por Gerardo Peláez Ramos
Contra las promesas de Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, la violencia anticomunista y anticampesina sigue su marcha en la entidad suriana. Hoy le tocó el turno al compañero Raymundo Velázquez Flores, ex militante del Partido Comunista Mexicano, locutor en mixteco de la radiodifusora tlapaneca La Voz de la Montaña, organizador popular, secretario general del PC de México en el estado de Guerrero y dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata. Junto con este destacado líder comunista, también cayeron los camaradas Samuel Vargas Ramírez y Miguel “N”.
En otras entregas de este tecleador se ha señalado que la eliminación física de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Banderas Román, Andrés Rosales Aguirre, Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino y Javier Torres Cruz, por mencionar a los caídos en la patria chica de Juan R. Escudero en fechas recientes, no son producto de la casualidad, sino que forman parte de un plan de los caciques, los acaparadores y la derecha política, para descabezar las organizaciones sociales avanzadas de las tierras insurgidas por el inmortal José María Morelos.
La Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata
De acuerdo con el primer secretario general de la LARSEZ: “La Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, constituida los días 20 y 21 de marzo de 1963, en el poblado de los trabajadores textiles de El Ticuí, es la organización del campesinado pobre que lucha por la tierra, contra la explotación, la miseria, la injusticia, la incultura, la insalubridad y la falta, en la práctica, de derechos políticos en México.
“Aliada natural del movimiento obrero revolucionario, luchará hombro con hombro junto a él, para hacer avanzar el proceso revolucionario en nuestra patria. Por esto su principio y divisa fundamental es la alianza obrero-campesina para la conquista de un sistema económico y político que vaya de acuerdo con los intereses del pueblo". Fueron elegidos secretario general, Antonio Sotelo Pérez, y secretario general adjunto, Blas Vergara.
En la primera mitad de los años 60 del siglo XX, las condiciones habían madurado para que el movimiento campesino se organizara al margen y en contra del liderazgo priista de la Confederación Nacional Campesina. Así surgieron en 1963 la Central Campesina Independiente y la LARSEZ, esta última bajo el impulso de la Asociación Cívica Guerrerense. En enero de 1964 se verificó un Congreso Agrario en El Paraíso, Guerrero, que dio origen a la Unión de Productores Independientes de Café, con Pedro Contreras Javier como secretario general, y a finales de ese mes del propio año nació en El Bejuco, municipio de Coyuca de Benítez, la Unión Libre de Asociaciones Copreras, con Ismael Bracho Campos como secretario general. El 26 de julio de 1965 tuvo lugar el Congreso de Ajonjolineros, en Cutzamala, que constituyó la Unión de Productores Independientes de Ajonjolí, con José Rodríguez como secretario general.
Así, pues, la ACG, con Genaro Vázquez al frente, intentó crear las organizaciones sociales necesarias para organizar a sectores de las masas con el objeto de lograr la solución favorable a sus demandas y objetivos.
El 4 de julio de 1965, desarrolló sus trabajos el Congreso Extraordinario de la LARSEZ, en Atoyac de Álvarez, con el temario siguiente: reparto y tenencia de la tierra, dotación de ejidos, nuevos centros de población agrícola, restitución de tierras, latifundios, despojo de parcelas y otros. La reunión fue convocada por la Comisión que integraban Antonio Sotelo, Rosendo Radilla, Federico Almazán, Gilberto Salgado, Inocente Almazán, Leodegario Olienzo, Nicolás Cabrera, Jesús Rebolledo, Hipólito Sandoval, Pedro Contreras, Demóstenes Lozano, José Bracho, Roque Salgado, Fausto Ávila y Genaro Vázquez.
Se planteaban como tareas de lucha: “1. Por las libertades democráticas; la observancia estricta de las garantías individuales y reportadas en la Constitución General de la República. Contra las leyes y decretos lesivos al pueblo, tales como el Decreto No. 29 y el que grava alcabalatoriamente y en forma anticonstitucional los productos de la copra, el café, el ajonjolí y el arroz. Derogación del Art. 145 y 145 bis del Código Penal Federal que reglamenta el delito de disolución social y la salida inmediata de los presos de la República Mexicana. Cese de la existencia ilegal de policías especiales al servicio de particulares y de grupos caciquiles. Respeto y aplicación del Art. 39 constitucional, que estipula que la soberanía radica en el pueblo y que éste puede darse la forma de gobierno que mejor considere conveniente. Por la denuncia constante del peligro que entraña el imperialismo a la soberanía e independencia nacionales”
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