Escrito por Liliana López López
No sólo el modelo económico que la conducción institucional de nuestro país ha seguido durante las últimas tres décadas ha mostrado su agotamiento. A ese fracaso se sigue la evidente caducidad de la estrategia política y social diseñada para canalizar y administrar, raramente para erradicar, la inseguridad y el conflicto social.
El fallido combate al narcotráfico en México, no logra extirpar el problema de raíz, antes bien, parece incrementarlo a costa de múltiples vidas humanas, alto costo para minúsculos éxitos que hablan sólo de la magnitud del problema y de qué tan fuera de control se encuentra. El incremento en la presencia de efectivos castrenses a lo largo y ancho del territorio nacional parece incluir patente de corzo para incorporar entre sus espacios de “combate” las secundarias guerrerenses, modestos hogares ciudadanos o la revisión “exhaustiva” de vehículos particulares así como camiones de pasajeros: sitios, sin duda, “idóneos” donde se perpetra el grueso del tráfico de enervantes. Ejecuciones diarias producto de la ofensiva entre bandas del crimen organizado o de comandos armados que cobran la vida de involucrados y de ajenos. Celadores que reclaman para sí, la seguridad que ellos proveen en centros de reclusión penitenciaria. Levantones de activistas, profesores, estudiantes, ciudadanos inconformes y que ya envuelven hasta representantes de elección popular. Feminicidios, acontecidos lo mismo en Ciudad Juárez que en Morelos, cuyas muertas insomnes aguardan la interminable espera de la justicia. Desapariciones irresueltas de periodistas, que en incremento, hacen de nuestro país el territorio más peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión en el mundo, después de Irak. México convertido en una nacional nota roja.
El ámbito de la seguridad es uno de los tantos espacios, quizá el más sensible, donde puede verificarse el desempeño desigual de las instituciones estatales. Desigual porque concentra en los gobernados comunes -los de a pie, los ciudadanos de segunda- el cumplimiento de la “legalidad recrudecida e inflexible” que, al mismo tiempo, relaja y descuida frente a los grandes culpables. Poderes fácticos que dirigen el compás selectivo de sanciones y en función de cuyos ritmos también caminan presupuestos y modificaciones legislativas.
En medio de este desalentador escenario, en nuestro país es el sector organizado indígena y popular -tal como ocurre en otras latitudes de la realidad latinoamericana- el que parece lanzar atractivas respuestas y propuestas. Los pueblos de Sonora hasta Guerrero, pasando por Michoacán, han desafiado la desprestigiada “legalidad” estatal (que paradójicamente, tiene su más contundente desafío en muchas de las propias acciones de la institucionalidad estatal misma) organizando la autodefensa de la seguridad en y de sus territorios. Ese es el caso del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, mejor conocido como Policía Comunitaria. Tras haber cumplido su decimocuarto aniversario, constituye un fuerte cuestionamiento a esa institucionalidad estatal, pues dentro del espacio de acción de La Comunitaria, ésta ha sido capaz de garantizar la seguridad y el acceso a la administración de justicia dentro de su sistema, en una de las entidades federativas más conflictivas del territorio nacional, donde las prácticas de la guerra sucia parecen no haber quedado en el pasado. Reducción drástica de delitos que se mantiene desde su emergencia hacia octubre de 1995 y que convierte al territorio comunitario en un oasis de tranquilidad en medio de la violencia que priva en el resto del estado y del territorio nacional. Todo ello, sin requerir del derroche económico que consumen las corporaciones de seguridad nacionales y estatales, pues el grueso de sus funciones son desarrolladas de forma gratuita por indígenas y mestizos de las comunidades y colonias que integran el sistema. Policías comunitarios que llevan en hombros la seguridad de caminos, pueblos, colonias, comunidades y fiestas y que tienen por pago el riesgo constante de su vida, el descuido de su entorno familiar y de las actividades económicas que les proveen de sustento, así como eventuales rispideces al interior de sus respectivas comunidades, pues colaboran en la sanción de quienes rompen el orden comunitario acordado.
Convertida en una verdadera institución, tal como evidencia el reconocimiento y respeto popular por parte de la población beneficiada en su radio de acción (alrededor de 100 000 habitantes) gracias a su eficacia y al prestigio en el desempeño de sus actividades acumulado desde su nacimiento, goza de una legitimidad compartida por propios y extraños, entre los que se cuentan jueces y políticos que solicitan su protección pues confían más en los servicios proporcionados por La Comunitaria que los de las corporaciones oficiales pagadas para tal fin.
Pero no sólo en el aspecto de austeridad es sobre el que aporta luces la Policía Comunitaria. También representa una lección democratizadora pues enseña que las instituciones pueden ser no sólo estatales, sino también producidas por las propias personas organizadas e involucradas en la resolución de su persistente problemática. Del mismo modo, ejemplifica que la configuración de las instituciones, cualquier cuño al que pertenezcan pueden, en su mejor expresión, implicar un real ejercicio de la ciudadanía –entendida como la participación en la deliberación de los asuntos públicos-. Deliberar pública-comunitariamente para elegir quien integrará las filas de dicha institución, tal como se hace en el territorio comunitario, contribuye a la construcción de espacios más democráticos. Esto es así, tanto por la discusión suscitada, como por la práctica que en sí misma desconcentra el poder al repartirlo, pues los participantes en la deliberación reconocen que los elegidos (policías y demás autoridades, en este caso) lo son en virtud de las decisiones de aquéllos.
La institucionalidad estatal en México tiene muchas lecciones que aprender de las otras instituciones, las que creadas al calor de la organización popular, recuerdan que el poder soberano –tal como reza nuestro artículo 39 constitucional- se encuentra originalmente en nosotros: las y los ciudadanos.
*Profesora División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho-UNAM. Doctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Correo-e: matrioska.liliana@gmail.com
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