jueves, 8 de noviembre de 2012

¿POR QUÉ FRACASAN LAS COMISIONES DE LA VERDAD EN MÉXICO?


Oaxaca • En México han fracasado los intentos de comisiones de la verdad, tanto para aclarar los hechos ocurridos tras el movimiento del 68, como para atender los casos de Guerrero y Oaxaca, porque persiste la impunidad hacia los verdaderos responsables de crímenes de lesa humanidad, reconoció el presidente de la comisión de la verdad de Guerrero, Enrique González Ruiz.
El también integrante de la Comisión de Mediación de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) dio a conocer también que diferentes organizaciones civiles, sindicatos y activistas de derechos humanos buscarán empujar un proyecto de comisión de la verdad nacional ante la legislatura federal para aclarar lo ocurrido detrás de la guerra contra el crimen organizado.
González Ruiz fue invitado a enriquecer el proyecto de comisión de la verdad que presentará el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para aclarar lo ocurrido tras el movimiento popular y social gestado en contra del exgobernador Ulises Ruiz en el año del 2006.
De entrada, dijo, solo se busca esclarecer los hechos, conocer la verdad histórica multidimensional y valer la ley universal, con mayúsculas sin distingos ni venganzas. En su opinión las comisiones de la verdad debe ser un instrumento en poder de los ciudadanos, alejado del gobierno.
En el caso de la comisión de la verdad establecida en Guerrero, afirmó que primero deberá haber una justicia para sancionar a los caciques que cometieron delitos, entre ellos el ex gobernador Rubén Figueroa.
González Ruiz afirmó que la lucha gestada por el magisterio, la sección 22 del SNTE y la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue un movimiento que estuvo a punto de extenderse como una insurrección o comuna.
“Lo ocurrido en Oaxaca es parte ya de la historia de México, fue una movimiento sumamente interesante, valioso que nos deja muchas experiencias, porque se trató de un experimento político de primer orden que debe de ser estudiado, aclarado, investigado para analizar sus consecuencias de fondo.”
Incluso se refirió al tema nacional, con respecto a la polarización electoral que dejo la insatisfacción para el resultado de la elección presidencial en julio pasado; pueden dar pauta a que se geste un movimiento de las mismas características pero a nivel república, si el nuevo régimen presidencial gobierna con los vicios que causaron que perdiera el poder en el año 2000.
Afirmó que en México están dadas las condiciones para una insurrección social, porque prevalece un modelo económico de exclusiones donde por un lado hay pocos ricos y muchos pobres, además de que sobrevive un sistema político que no permite que fluya la democracia, a la par de un modelo educativo retrasado.
“Lo que ocurrió en Oaxaca en el 2006 fue un micro cosmos del macro cosmos que es México, que no está alejado de la realidad por la alta polarización social y la violencia exacerbada”.

AMENAZA EL EPR CON RETOMAR LAS ARMAS


7 DE NOVIEMBRE DE 2012 ·
NACIONAL
Una pinta del EPR en las calles de Guerrero. Foto: Prometeo Lucero

OAXACA, Oax. (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) amagó hoy con reanudar las acciones de hostigamiento contra el Estado mexicano, al agotar los cauces legales para dar con el paradero de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada.
En un comunicado, el grupo guerrillero advirtió que del curso que tomen los acontecimientos, “el único responsable es el Estado mexicano y sus administradores en turno (…) al quedar en evidencia el despliegue contrainsurgente con fines de ‘limpieza social’ que realizaron los gobiernos panistas”.
Añadió:
“Hay autores materiales e intelectuales, nombres conocidos por su trayectoria represiva y esbirros del sistema que gozan de impunidad y que participaron en la desaparición forzada de los eperristas”.
El texto, con fecha 6 de noviembre, destaca que la detención-desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, perpetrada el 25 de mayo de 2007 en esta capital, se dio en un contexto de auge del movimiento popular magisterial y la escalada represiva de los gobiernos estatal y federal, encabezados por el PRI y el PAN, respectivamente.
Ese crimen de lesa humanidad y de Estado vino a desenmascarar a nivel nacional e internacional la sistemática e ininterrumpida práctica terrorista del Estado mexicano desde los años 60, según el EPR.
Asimismo, señaló que “su presencia en esos momentos en Oaxaca fue coadyuvar en el desarrollo del movimiento de masas, ya que el deber moral de cada miembro del partido es jamás abandonar al pueblo en sus luchas, a pesar de los riesgos que corramos”.
Subrayó:
“A nadie se le debe olvidar que en Oaxaca siempre hemos estado presentes dentro de las luchas populares, hombro a hombro con ese pueblo que siempre ha tenido conciencia y voluntad de combatir, aunque muchos en su carrera oportunista quieran omitirlo”.
El EPR destacó que la detención-desaparición de sus dos compañeros “se dio en el marco de una campaña de contrainsurgencia nacional encaminada a eliminar físicamente a opositores, luchadores sociales consecuentes, defensores de derechos humanos y todo aquel ciudadano que mostrara el mínimo de inconformidad contra el régimen”.
En esos días, insistió, sumaron más de 40 los casos denunciados y/o documentados de desaparición forzada, todas vinculadas a la lucha contra el régimen, “quedando en evidencia el despliegue contrainsurgente con fines de ‘limpieza social’”.
Respecto de la Comisión de Mediación, resaltó que “de inicio a fin jugó un papel importante para conocer la verdad sobre el destino de nuestros compañeros. Hoy queda fehacientemente demostrado que fueron detenidos-desaparecidos por fuerzas policíaco-militares del Estado mexicano, un hecho que no es aislado, por el contrario, es de carácter sistemático y constituye una política de Estado”.
El grupo guerrillero puntualizó que pese a que la Comisión de Mediación se enfrentó a la violencia institucional y la prepotencia que caracteriza a regímenes autoritarios, “de antemano agradecemos sus esfuerzos comprometidos con la verdad y la justicia. Sabemos que su labor por la justicia y la lucha contra el régimen neoliberal no termina aquí”.
Además, destacó que “hoy son más de 30 mil los desaparecidos, cifra que supera a las víctimas generadas por las dictaduras militares en Sudamérica”.

LLAMA EPR A SUMARSE A PETICIÓN DE JUICIO INTERNACIONAL CONTRA CALDERÓN

Una de las pintas del EPR en Oaxaca. Foto: Prometeo Lucero

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La dirigencia nacional del Ejército Popular Revolucionario (EPR) anunció que seguirá con su lucha y, al mismo tiempo, pidió reunir más firmas para impulsar el juicio en el Tribunal de la haya en contra de Felipe Calderón acusandolo de crímenes de lesa humanidad por los miles de muertos, desaparecidos y desplazados que hubo durante su gobierno.
En un comunicado fechado hoy, la comandancia general del EPR lanzó una convocatoria a todos los grupos sociales del país para definir las estrategias futuras de lucha.
“Ante la cerrazón, ante la represión, ante la política genocida, ante el autoritarismo y el terrorismo de Estado, ¿Qué debe hacer cada cual en su trinchera?, ¿Actuamos organizadamente o seguimos en las acciones espontáneas y aisladas?, ¿Organizamos la lucha en otros niveles o seguimos poniendo la otra mejilla?, ¿Generalizamos la autodefensa o dejamos que sea masacrado el pueblo?, ¿Se organiza la justicia popular o permitimos seguir siendo víctimas de este Estado de derecho oligárquico?”, manifiesta el grupo guerrillero.
En los últimos días el EPR ha emitido distintos comunicados en Michoacán y Oaxaca denunciando una política de represión por parte del gobierno de Felipe Calderón y que habría de continuar el próximo sexenio con el priista Enrique Peña Nieto. Acusa al PRI y PAN de establecer una mancuerna de poder y de represión social.
“Los ganones de la violencia institucional, de la crisis económica y la descomposición social son los oligarcas afines al panismo y el priismo que se reparten como botín de guerra ciudades, parcelas y ejidos, pueblos y rancherías abandonadas a fuerza de la violencia policíaco-militar disfrazada de paramilitares o de la delincuencia que desterraron a sus legítimos dueños. Oligarcas y políticos nefastos son quienes se apropian en subastas amañadas y precios irrisorios de bienes e inmuebles que al pueblo le costó toda una vida de trabajo”, señala el grupo armado en su ultimo comunicado.
El EPR acusa a Calderón de haber implementado una estrategia de contrainsurgencia disfrazada de lucha contra el crimen organizado y ante su próxima salida pide que haya más firmas para impulsar un juicio internacional en su contra.
“No deben ser nada más las 23 mil personas las que acusen a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ante el Tribunal Internacional de la Haya, deben ser muchos más, todos los que hemos sido afectados por su política represiva. Continuaremos solidarizándonos con todos ellos para en el esfuerzo de la elaboración de la larga lista de quienes han sido víctimas y agraviados de esta política represiva. Ante el terrorismo de Estado no más temor, no más paralización de las víctimas del terror policiaco militar, que las conciencias rompan el silencio e irrumpan con la organización popular para exigir el castigo al criminal Felipe Calderón y sus esbirros”.
En cuanto a la desaparición de la Comisión de Mediación que se creo para encontrar a dos de sus cuadros políticos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el grupo insurgente pone a disposición un correo electrónico resistenciapopular2012@yahoo.com.mx para recibir opiniones, sugerencias, observaciones y propuestas sobre los trabajos que podrían realizarse.
Advierte que la lucha por exigir la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos debe continuar por todas formas y medios de lucha que familiares, organizaciones populares y revolucionarias seamos capaces de impulsar.

martes, 30 de octubre de 2012

SIETE MILLONES DE NIÑOS TRABAJAN EN MÉXICO



EL TRABAJO INFANTIL EN MÉXICO ES UN PROBLEMA CUYAS DIMENSIONES REALES SE DESCONOCEN. EL ÚLTIMO RECUENTO SE REALIZÓ CINCO AÑOS ATRAS Y LAS ESTADÍSTICAS ESTÁN DESACTUALIZADAS. SE ESTIMA QUE SIETE MILLONES DE MENORES PASAN LA INFANCIA TRABAJANDO. TELESUR

UN TOTAL DE 85.343 PERSONAS FALLECIERON “POR DESNUTRICIÓN” EN MÉXICO ENTRE 2001 Y 2010, PERÍODO EN QUE OTRAS 49.804 MURIERON VÍCTIMAS DE LAS BANDAS DEL CRIMEN ORGANIZADO.


El informe fue elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, basado en datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Procuraduría General y de la Cámara de Diputados.

Las cifras reflejan que los decesos por hambre en una década son superiores por 35.539 a los causados por los cárteles del narcotráfico, según los recuentos oficiales, reseñó ANSA.

De acuerdo con los reportes oficiales, México registró la pérdida de 49.804 personas entre 2001 y 2010, que fallecieron en enfrentamientos entre narcotraficantes según los datos de la Procuraduría General y de la Cámara de Diputados.

En tanto, la desnutrición mató otras 85.343 personas en el mismo periodo, según los datos recabados por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Agencias

SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO NO CUBRE LAS NECESIDADES BÁSICAS



HOMBRES Y MUJERES EN MÉXICO, ASEGURAN QUE EL SALARIO MÍNIMO, EQUIVALENTE A 141 DÓLARES MENSUALES, NO ALCANZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE UNA FAMILIA PROMEDIO. TELESUR.

MÁS DEL 46% DE LA POBLACIÓN MEXICANA VIVE EN LA POBREZA

 por Granma
Un informe alerta que 52 millones de personas carecen de los recursos para cubrir sus necesidades básicas

En México el 46,3% de la población vive sumida en la pobreza, es decir, 52 millones de mexicanos carecen de los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 


Según un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es en el estado de México donde se encuentra la mayor cantidad de mexicanos en esta extrema situación, seguido por Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca y el Distrito Federal. 

Es una cifra alarmante, sobre todo si se considera que estos datos registrados en el 2010, son superiores a los de dos años antes, cuando se registraron 48,8 millones de personas en esta condición, subraya el Coneval. 

En todo el mundo, de acuerdo con los últimos datos de la Organización de Naciones Unidas, más de 1.000 millones de personas, o una séptima parte de la población mundial, vive en condición de pobreza, por lo que la erradicación de este flagelo sigue siendo el mayor reto que enfrenta la humanidad, recordó este miércoles, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. 

Uno de estos esfuerzos fue la creación en 2000 de los Objetivos del Milenio, en el que 191 Estados miembros se comprometieron a reducir, antes del 2015, a la mitad el número de personas que viven en esta situación. 

“A los menos favorecidos les son negados sus derechos a la educación, el alimento y a obtener servicios de salud (…) No debemos escatimar esfuerzos en garantizar que todos los países alcancen los objetivos trazados para el 2015”, agregó Ban Ki-moon.

ENLACE:http://actualidad.rt.com/sociedad/view/56306-46%25-poblacion-mexicana-vive-pobreza

MARCHA SECCIÓN 22 A SEIS AÑOS DE LA ENTRADA DE LA PFP


Con indignación y coraje cientos de profesores, ciudadanos y diversas organizaciones sociales, iniciaron una marcha de protesta la tarde de ayer lunes 29 de octubre del Tecnológico de Oaxaca al zócalo de esta ciudad, en repudio al arribo de la Policía Federal Preventiva a la ciudad de Oaxaca en el 2006, en un despliegue policiaco que dieron por llamar “operativo Juárez” y el asesinato del compañero enfermero José López Bernal.
Al inicio de la manifestación, los organizadores pidieron un minuto de silencio en el lugar en donde cayó el compañero enfermero José López Bernal ultimado de un petardo por las fuerzas federales cuando este enfermero auxiliaba a un barricadero herido de bala por la PFP. “Fue en ese instante cuando la PFP le disparó en el pecho” –declaró un testigo de los hechos.
Diversas organizaciones exigieron durante la marcha realizada por la calzada Madero la creación de la comisión de la verdad y el castigo del tirano Ulises Ruiz Ortiz, acusando al actual gobernador del estado de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo de protegerlo.

LA AUTODEFENSA PURÉPECHA


La autodefensa ciudadana en Michoacán. 
Foto: Juan José Estrada Serafín

Urapicho es un pequeño pueblo de Michoacán que vive en situación extrema. Sus habitantes –campesinos purépechas en su mayoría– fueron amenazados por Los Caballeros Templarios, uno de los grupos criminales que medran en la entidad. Los comuneros pidieron y siguen pidiendo ayuda a las autoridades. Nadie los escucha. Entonces, como otras poblaciones de la Meseta Purépecha, decidieron crear un grupo armado, de autodefensa ciudadana, que patrulla la comunidad, aunque ellos mismos saben que están en desventaja ante las bandas del crimen organizado.

URAPICHO, MICH. (Proceso).- Costales rellenos de tierra montados uno sobre otro forman la barricada tras la cual se agazapa un puñado de campesinos embozados y armados con escopetas y rifles. Unas piedras en el camino hacen las veces de topes. Día y noche los comuneros vigilan y protegen a la comunidad amenazada desde agosto pasado por el crimen organizado.
Los de Urapicho no son los únicos. Otras ocho comunidades de la Meseta Purépecha decidieron también protegerse de las mafias ante la inacción del gobierno.
Mientras se escuchan las razones de los comuneros de armarse para proteger a su pueblo, un taxi es detenido en la carretera. Como pasajeras van una mujer y una niña. El conductor es interrogado por los hombres armados, quienes observan a la mujer y luego le piden que regrese por donde vino. La mujer protesta aduciendo que la esperan familiares. Es inútil. “No puede pasar”, le dicen, y ordenan al taxista dar vuelta.
Cuando el taxi se retira se les pregunta por qué no lo dejaron pasar. “La señora tiene relaciones con la gente que nos amenazó y no sabemos si lleva algún mensaje para alguien de adentro. Conocemos a todos los de la comunidad y tenemos que estar seguros”, contesta uno de los comuneros de esta localidad del municipio de Paracho.
Las estrictas medidas de seguridad no son gratuitas ni excesivas. El pasado 13 de agosto fueron encontrados en las cercanías del poblado los cuerpos de dos integrantes de Los Caballeros Templarios. Uno era Mauricio Cuitláhuac Hernández, El Güero Cuitláhuac, quien hace cuatro años mandó matar a 14 indígenas de la zona purépecha que denunciaron la tala ilegal, actividad de la que aquél era líder.
A partir de la muerte de uno de los jefes de ese grupo del crimen organizado todo el pueblo recibió amenazas de muerte; los acusaron de traidores.
Pero así como Urapicho ya decidió formar su grupo de autodefensa ciudadana –siguiendo los pasos de Urío en 2008 y de Cherán en 2011–, ahora los comuneros pertenecientes a Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachen, Arantepecua, Quiriseo y Sevina hacen lo mismo por la amenaza permanente del crimen organizado que en Michoacán es la autoridad en muchas zonas.
Desde hace unos años la Meseta Purépecha ha sido asolada por los dos principales grupos criminales del estado, La Familia y Los Caballeros Templarios. Según varios testimonios recogidos en la zona, estos grupos se metieron a las comunidades ofreciendo despensas, apoyos económicos, protección y trabajo a los jóvenes.
Su influencia no está sólo en la producción y venta de drogas, sino en la tala clandestina, la extorsión a comerciantes y productores de aguacate y la venta de discos de música y películas piratas.
Urapicho es uno de estos pueblos cuya vida cambió por la presencia del crimen organizado. Si antes eran libres de desplazarse a Estados Unidos o a cualquier parte de Michoacán para trabajar, ahora prefieren quedarse en el pueblo por las amenazas de muerte que les lanzaron.
“Con estos acontecimientos que hemos venido atravesando, parte de la población está en el desempleo. Ya no salen a trabajar por las amenazas que tenemos. Nos dedicamos principalmente a la agricultura, la siembra de maíz de temporal, cultivo de avena como forraje y en ocasiones con programas de gobierno tenemos trabajos temporales de reforestación, combate a incendios, podas. Así va saliendo adelante la comunidad.
“Pero ahora muchos de los comuneros dejaron sus empleos por no sentirse seguros de salir a trabajar. Hay como 70 padres de familia que se quedaron sin trabajo y están batallando”, dice un miembro del Consejo de Mayores, la máxima autoridad del pueblo.
La barricada de costales está instalada en un pequeño montículo que ayuda a divisar la carretera. Está cubierta con un techo de plástico azul que con el aire se mueve como un papalote. Ahí aguarda un grupo de comuneros vestidos de civil y a un lado, escondido entre los árboles, hay otro grupo. Algunos de sus integrantes traen rifles AR-15, otros portan escopetas de caza.
“Nos hemos mantenido en esta situación porque sabemos que estos grupos organizados atentan contra la seguridad de las personas; nosotros miramos que no es de beneficio para nuestros jóvenes que se vayan involucrando en cosas que les vayan a traer consecuencias que no les beneficien en el futuro.
“Por eso hemos decidido no darle una oportunidad a que cualquier grupo trate de infiltrarse en la comunidad, involucrando a los jóvenes, haciéndolos caer en la droga y que poco a poco vayan perdiéndose. Ahora nos mantenemos en esta situación porque a partir de esa fecha hemos estado bajo las amenazas y no queremos descuidar la seguridad de nuestras familias”, explica el comunero que en ningún momento menciona los nombres de Los Caballeros Templarios o La Familia.
 EL GOBIERNO NO ESCUCHA
 La entrevista con Proceso tiene lugar a las afueras del asentamiento, donde el líder de los comuneros llega provisto de un radio de comunicación. Pausado señala que todo el pueblo decidió formar el grupo de defensa y que en él sólo participarían los padres de familia, porque a los jóvenes no se les puede dar una responsabilidad tan peligrosa.
“Como es sabido, en los pueblos de varias comunidades se gobierna a través de las decisiones de las asambleas; lo que la gente decide es lo que se hace. Nosotros a través de una asamblea hemos decidido guardar la seguridad del pueblo. Aquí tenemos como mil 500 habitantes”, precisa.
Menciona que ya otros pueblos decidieron formar sus propias policías comunitarias, como Cherán y Urío; aunque son casos distintos aclara que hay cierta relación porque todo está bajo la misma amenaza del crimen organizado que se manifestó en varios lugares.
“No es que los vayamos a combatir. Sabemos que el presidente de la República ha hecho el esfuerzo de combatirlos, pero ha sido imposible. Sin embargo nosotros queremos poner nuestro granito de arena desde nuestra comunidad para no permitir que este pueblo y sus habitantes vayan a perderse, a caer en ese tipo de errores.”
Mientras sus compañeros van y vienen por los costados de la carretera y revisan los vehículos que entran, el representante del Consejo de Mayores dice que buscan el diálogo con el gobierno estatal como primera instancia para hacerles ver la necesidad de que les ayuden a fortalecer la seguridad tras las amenazas del crimen organizado.
“Ya solicitamos una audiencia con el secretario de Gobierno (Jesús Reyna) y con el mismo gobernador (Fausto Vallejo) para que pongan atención a esta situación que estamos atravesando; sin embargo han pasado más de dos meses y no hemos tenido una respuesta todavía.
“Por ahí es donde la gente se desespera al ver que el gobierno no pone los ojos en los pueblos reprimidos, en los pueblos amenazados, y por eso tomamos otras medidas de seguridad nosotros mismos. Por eso es que aún estamos a la espera de poder dialogar con el gobierno, que a través de ellos busquemos la manera en que podamos solucionar este tipo de problemas”, expresa esperanzado.
Indica que la primera demanda en una reunión con el gobernador sería fortalecer la seguridad en la comunidad y que los doten de una patrulla comunitaria. Nunca han tenido una. Pero aclara que el hecho de que busquen su propia seguridad no implica que estén en desacuerdo o rechacen los operativos policiales o del Ejército en Michoacán.
“No estamos en desacuerdo con la seguridad nacional. Por el contrario, lo que nosotros deseamos es que en algún momento, ante cualquier amenaza, podamos contar con los elementos para alertar a nuestra gente. En ningún momento estamos contra el gobierno o criticamos al Ejército o a la Policía Federal. No. Nada de eso. A nosotros nos favorece y de hecho en la comunidad hemos tenido la presencia del Ejército, que nos brinda el apoyo, que nos da seguridad, y de esta forma nos sentimos más seguros.”
–Pero si después del diálogo con el gobierno ven que no les importa, ¿qué van a hacer?
–Creo que estaríamos ante una situación difícil, porque si el gobierno no se interesa por los problemas de su propia gente, entonces a quién acudimos. Somos parte de este pueblo, de este estado, de esta nación, y no estamos exigiendo nada fuera de lo normal, sólo nuestros derechos como ciudadanos. Tenemos derecho de exigir garantías. Eso es lo que pensamos. No hemos tomado ningún otro tipo de acción porque esperamos una respuesta, una solución.
Días después de la entrevista se publicó en los medios locales que batallones del Ejército habían reforzado los rondines en el poblado.
 SOLOS NO PODEMOS
 Mientras en los aparatos de radio se escuchan voces informando sobre los rondines, el representante del consejo comunitario admite que no tienen armamento, dinero para comprar armas de alto poder ni hombres para enfrentar al crimen organizado. Por eso insisten en tener la presencia del Ejército en su localidad.
“No contamos con las suficientes armas y no son de alto poder. No tenemos los recursos para sostener a la familia y comprar un arsenal. Lo que nosotros tratamos de hacer es mantenernos alerta, vigilando.”
–¿No han recibido mensajes del crimen organizado?
–Creo que ellos ya lo saben de alguna manera, porque no sólo estamos en la entrada sino que hacemos los recorridos en varias partes de la región. Eso se hace notar y creo que estos grupos saben que también está el Ejército.
Parecería extraño que mientras los comuneros están armados y embozados vigilando la entrada de Urapicho, los militares pasen a recibir informes de la situación. Pero así funciona aquí.
“Ellos vienen a hacer sus recorridos, nos preguntan si hemos tenido amenazas, si hemos visto gente sospechosa que nos quiera causar daño. Nosotros sabemos que no vamos a poder combatir contra un grupo delictivo porque no estamos preparados para eso, el Ejército es el que debe hacer frente a este tipo de situaciones. Nuestra relación con ellos es de comunicarles, decirles lo que está sucediendo cerca de nuestra población para que ellos tomen acciones”, explica el comunero.
Durante estos dos meses en que decidieron asumir la autodefensa armada han tenido contacto con la gente de Cherán y Urío, pioneros en formar policías comunitarias. También con algunas comunidades que están por decidirse a protegerse a sí mismas usando las armas.
“Nosotros invitaríamos a otras comunidades a que reflexionaran, a que piensen que si nosotros no cuidamos el bienestar de nuestras futuras generaciones nadie lo hará más que nosotros mismos. Sólo organizándonos, teniendo una mejor relación entre comunidades, una mejor unidad, lograremos hacer frente a cualquier tipo de situación. De hecho, unidos podemos también hacerle ver a nuestras autoridades las necesidades que tenemos”, señala el campesino purépecha.
Adelanta que buscarán el apoyo de otras comunidades de la Meseta, sobre todo si la situación es de urgencia. Piensa en Cherán, principalmente.
–¿La policía que quieren sería como la comunitaria de Cherán?
–Sí. Ahora vemos cómo está funcionando la policía de Cherán. Desde el momento en que el gobierno la formó, la instruyó y preparó ya se sienten más seguros, recuperaron la confianza. De igual manera nosotros vemos que es el ejemplo a seguir, es el proceso que hay que realizar para tener nuestra propia policía. Esto no quiere decir que nos estemos separando de la seguridad nacional.
Trinidad Ninís Pahuamba, miembro del Consejo Mayor de Cherán, reconoce que el fenómeno de las policías comunitarias o los grupos de autodefensa ciudadana, como también se les conoce, se expande por toda la Meseta Purépecha. Son las comunidades indígenas las que oponen resistencia al crimen organizado.
“Lo de Urapicho es importante porque se toma conciencia de que solamente entre toda la comunidad se tendrá la fuerza suficiente para poder hacerle frente (a las amenazas) y buscar su seguridad. Nosotros hasta el momento compartimos solamente nuestra experiencia”, explica el profesor normalista.
Manifiesta su deseo de que este tipo de organización se extienda a otras comunidades porque es evidente que cada día las mismas autoridades están sujetas a la determinación del crimen organizado.
“Sólo cuando se levanten van a darse cuenta de todas las cosas que se esconden. Eso es lo que está pasando por varias comunidades de la zona, lo mismo está pasando en Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachen, Arantepecua, Quiriseo y Sevina. Si se extiende más ya no estaríamos solos” dice ilusionado.
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Adelanta que buscarán el apoyo de otras comunidades de la Meseta, sobre todo si la situación es de urgencia. Piensa en Cherán, principalmente.
–¿La policía que quieren sería como la comunitaria de Cherán?
–Sí. Ahora vemos cómo está funcionando la policía de Cherán. Desde el momento en que el gobierno la formó, la instruyó y preparó ya se sienten más seguros, recuperaron la confianza. De igual manera nosotros vemos que es el ejemplo a seguir, es el proceso que hay que realizar para tener nuestra propia policía. Esto no quiere decir que nos estemos separando de la seguridad nacional.
Trinidad Ninís Pahuamba, miembro del Consejo Mayor de Cherán, reconoce que el fenómeno de las policías comunitarias o los grupos de autodefensa ciudadana, como también se les conoce, se expande por toda la Meseta Purépecha. Son las comunidades indígenas las que oponen resistencia al crimen organizado.
“Lo de Urapicho es importante porque se toma conciencia de que solamente entre toda la comunidad se tendrá la fuerza suficiente para poder hacerle frente (a las amenazas) y buscar su seguridad. Nosotros hasta el momento compartimos solamente nuestra experiencia”, explica el profesor normalista.
Manifiesta su deseo de que este tipo de organización se extienda a otras comunidades porque es evidente que cada día las mismas autoridades están sujetas a la determinación del crimen organizado.
“Sólo cuando se levanten van a darse cuenta de todas las cosas que se esconden. Eso es lo que está pasando por varias comunidades de la zona, lo mismo está pasando en Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachen, Arantepecua, Quiriseo y Sevina. Si se extiende más ya no estaríamos solos” dice ilusionado.

jueves, 25 de octubre de 2012

LA EXPLOTACIÓN POR MEDIO DE POZOS ES LA FORMA MÁS BARATA DE OBTENER DINERO POR EL CARBÓN; DETRÁS HAY VIDAS PERDIDAS Y LA IRRESPONSABILIDAD Y COMPLICIDAD ENTRE EL GOBIERNO, LOS EMPRESARIOS E, INCLUSO, EL CRIMEN ORGANIZADO.

Corrupción y desprecio detrás de la explosión minera en Coahuila: Raúl Vera
México. DF. El miércoles 25 de julio, una explosión en uno de los llamados pocitos de carbón –tiros verticales de metro y medio de altura, y de hasta 150 metros de profundidad- acabó con la vida de siete mineros en La Florida, municipio de Muzquiz, en el estado de Coahuila. El pocito había sido clausurado recientemente por carecer de salida de emergencia; pese a no corregir la falla, seguía funcionando.

Como antecedente de esta tragedia, en 2006 otra explosión por acumulación de gas en una mina de Minera México, también en Coahuila, dejó sepultados a 65 obreros que nunca fueron rescatados. La empresa responsable había recibido alertas de seguridad que ignoró.

Fray Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo, en Coahuila, ha acompañado a mineros, migrantes, prostitutas y otros sectores sociales en la defensa de sus derechos. En entrevista con Desinformémonos, habla de la situación de los mineros, de los responsables de los homicidios industriales y de la salida a la situación que provoca estas tragedias.

Los abusos de los concesionarios mineros

La situación de los mineros en Coahuila sigue siendo precaria, ahí no hay progreso, los trabajadores son pobres y las condiciones en que trabajan son muy injustas. Tenemos noticias de que hay pozos que son trabajados por personas del crimen organizado, entonces nos podemos imaginar qué derechos tiene esa gente y bajo qué condiciones trabajan. Los trabajadores viven en una casi nula supervisión por parte de las autoridades; siguen siendo personas que no gozan de derechos como debe de ser. Estos siete mineros que murieron no tenían ni siquiera seguro social.

Hubo una mina hace menos de un año que, no obstante que se lo habían prohibido, metió a trabajar a la gente hasta que murieron dos personas. Y era una mina, no un pozo, y se supone que está mejor pertrechada y en mejores condiciones.

Los concesionarios de los pozos pasan por alto las condiciones de seguridad, como tener medidores de gas para ver en qué condiciones está la mina y el tener que esparcir el polvo inerte sobre las minas para disminuir la toxicidad. Si lo pasaban por alto los de Pasta de Conchos, imagínate los que trabajan en pozos.

Las condiciones de seguridad de la gente, está probado, son deplorables; trabajan constantemente en riesgo. Hablo de los pozos sobre todo, en los que está muriendo gente constantemente. Cuando mueren siete, ya nos damos cuenta, pero la gente nos decía que recientemente murieron otros dos. Tampoco hablan de los que quedan lisiados y pierden un miembro de su cuerpo; quedan inutilizados para toda su vida. En el caso del penúltimo pozo, era un niño el que estaba manejando el malacate y se quedó sin un brazo.

Es una situación muy inhumana la que viven los mineros del carbón. No hay supervisión de nadie ahí. ¿Cómo que ocho supervisiones? Y todavía están diciendo “es que no tenía salida de emergencia”. Ningún pozo tiene salida de emergencia, tienen sólo una entrada y una salida. El pozo es el modo más barato que tienen los concesionarios del carbón para hacer dinero a costa de vidas humanas, por supuesto, y a costa de daños mucho muy severos. El pozo es un tiro vertical en donde los frentes de trabajo son horizontales, van paralelos al suelo; para que puedan caminar sobre ellos los mineros tienen que estar inclinados, no llegan a un metro de altura, ¡si no son enanitos los que trabajan ahí! Están trabajando en cuclillas con la espalda torcida y moviendo el equipo para tumbar el carbón. Eso les causa daño en su cuerpo de manera irreversible. Es una esclavitud de la edad Media, el de los pozos es el método más prehistórico.

La tragedia de Pasta de Conchos

Pasta de Conchos permanece impune. El tamaño de la tragedia no lo hemos llegado a calcular. Hace unos tres o cuatro años que nosotros estamos convencidos, por las informaciones que hemos ido descubriendo, que la razón por la que la Minera México no ha querido entregar los cuerpos –con la complacencia, complicidad y protección del gobierno federal- es porque a los cinco días dejaron de buscar sobrevivientes. Ahora estamos entendiendo que vamos a ver que los mineros sobrevivientes quedaron esperando el rescate en el lugar más cercano al tiro vertical, que es el único por donde entra aire. Esos son los hábitos de los mineros: cuando hay una explosión de gas grisú o cuando hay un derrumbe, donde ellos tienen esperanza de que lleguen a rescatarlos, se van a la zona donde entra el aire. Entonces, en ese momento ellos empiezan a esperar a que lleguen a rescatarlos.

Después de Pasta de Conchos hubo otro percance de explosión en una mina, pero en esa mina sí pudieron entrar a rescatar a los heridos, a los que sobrevivieron. En este caso, antes de los cinco días –porque nosotros sabemos que suspendieron a la media semana- declararon que ya no se podía rescatar a las personas, que porque estaban arriesgando, que vinieron unos expertos a medir el gas e hicieron barrenos y llegaron hasta el fondo de la mina para medir el aire. ¿Cómo no hicieron esos barrenos para que cupiera un ser humano, para rescatar a los cuerpos? Tenemos el ejemplo de Chile y el reciente de Perú o Ecuador, donde después de muchos días sacaron a los mineros vivos, o como en Chile, después de tres meses. Es una muestra de que cuando se tiene voluntad y se ponen todos los medios y recursos, se puede.

Pero aquí el grupo México no quiso invertir un quinto, e hizo venir a dos empresas para que declararan eso, empresas americanas que declararon que estaban arriesgando vidas para rescatar muertos, y entonces pararon a los tres o cuatro días. De sábado a domingo fue la explosión, y el viernes declararon que ya no iban a buscar, pero la empresa llegó el miércoles. Entonces, prácticamente a los tres o cuatro días ya habían parado para que pudieran hacer los barrenos.

Si esos mineros estaban con vida esperando a que los rescataran, esos mineros van a estar en grupo, los restos –que son cascos, huesos, los brazaletes de hierro que van a estar pegados a sus huesos, porque después de seis años ponle que la ropa ya no existe- ahí están. Eso indicaría que los dejaron morir. Hicieron este crimen. Hicieron estos barrenos para medir el gas; cuando deciden que ya no van a buscar, los cerraron y sellaron cualquier posibilidad de aire, para que se ahogaran. En otras minas, como en Utah, que no pudieron rescatar porque hubo un derrumbe tremendo, les empezaron a pasar comida a través de barrenos. Esto es una cosa terrible. ¿Por qué crees que no quieren que se descubran los huesos?

El trabajo de las minas del carbón ya lleva más de cien años en esa zona. En un primer accidente donde quedaron como trescientas personas, lograron rescatar como a las dos terceras partes de los cuerpos; desde el primer caso hasta el último, han rescatado a los cuerpos de los mineros. Hubo otro caso, por ahí del año 69, en que había más más de 160 personas trabajando, y todos fueron rescatados.

El caso de Pasta de Conchos es el único donde no se han rescatado los cuerpos, solamente dos que se encontraron porque estaban en la plancha, que es apenas el comienzo. Ya en el túnel propiamente de la mina, ninguno. Cuando estaban a punto de llegar, nos lo dijo públicamente un muchacho llamado Lázaro: “nosotros vimos que ya no había derrumbes, que ya lo que seguía era muy fácil, y ahí ya los ingenieros nos sacaron, pusieron mantas para que no viéramos nada. Entraron dos ingenieros para ver cómo estaban las cosas y uno de ellos salió vomitando”. ¿Qué encontró? Creo que encontró cuerpos.

¿Quiénes son los responsables?

La principal responsabilidad la tienen las autoridades que dan las concesiones. Al dar una concesión a una empresa, tienen que supervisar que los trabajadores estén con todas las garantías y toda la seguridad que necesitan en una mina. Hay requisitos, no sólo a nivel de México sino a nivel internacional, para que trabajen las minas.

En México, la principal autoridad responsable del trabajo es el ejecutivo. Entonces el responsable es el que da la concesión y el que supervisa que las condiciones de trabajo sean las correctas. Esa autoridad es la que tiene que supervisar que las empresas hagan esto.

Después, la empresa que recibe la concesión tiene que cumplir todo aquello a lo que se compromete al recibirla. En el momento en que viene una explosión, a los primeros que se tiene que pedir cuentas es a los encargados de la empresa. Al que tiene la concesión, que tiene autoridades directas: “yo a usted le di la concesión y usted tiene que responderme por eso, y es el primer responsable”. Directamente es el responsable de la mina, pero eso no se dio nada más por casualidad; atrás están todos los que permitieron que se trabajara en esas condiciones. Por supuesto que ahí salen todos implicados.

En cualquier lugar del mundo renuncia un secretario del trabajo ante una cosa de estas; en China echaron al ministro del trabajo. En cualquier lado, lo que hacen es ir a revisar el cumplimiento de responsabilidades de las autoridades, y ellas tienen la obligación de hacer una investigación y los primeros a quienes se debe pedir cuentas es a quienes directamente supervisaban el trabajo ahí.

Si los que supervisan dicen “es que no teníamos los elementos suficientes porque la empresa no los quería dar”, entonces se van sobre el resto y hasta el consejo de administración. La investigación, el detener a la gente y llevarla ante los juzgados es lo que clarifica las cosas. Pero aquí no se hace nada de eso, no hay cultura de eso. Cualquier autoridad del trabajo va para afuera en un país civilizado. Aquí lo que han hecho el secretario y el subsecretario del trabajo, y las autoridades responsables, es proteger a la Minera México.

Las relaciones entre gobierno y concesionarios

Hay una cultura de que en este país se cuida al empresario. Ahí tenemos lo que acaban de hacer con la fábrica La Estrella, aquí en Parras (Coahuila): le dan la quiebra cuando hay una huelga en existencia, y eso no podía pasar, va contra la ley. En Cananea hicieron lo mismo, desbarataron una huelga. En lo que están haciendo con la concesión de los territorios, lo que han hecho con los wixárika, es la empresa, no es el gobierno, la que retira la concesión. Ahora la empresa le da permiso de estar ahí a los wixárika. Mañana se va a acabar el permiso y les va a decir “lárguense de aquí”. Estamos en una cultura de dráculas como funcionarios, tenemos personas irresponsables tajantemente hablando. Hay que hacer las comparaciones porque ahorita estamos en un brete terrible.

Esto que acaba de pasar en la mina del carbón, estos siete muertos, son una luz para ver cómo estamos siendo tratados en otros campos. Ahí está el lavado de dinero que le descubre el Senado al banco HSBC; ya cerraron el caso y la Comisión Bancaria solamente le pone una multa de trescientos y tantos millones de pesos. Y qué, ¿lavar dinero no es un delito? ¿Quiénes son los responsables de ese lavado de dinero? ¿Quiénes son los responsables de estar cerrando los ojos ante unas operaciones que son anormales? ¿Quién tenía que haber checado eso? Nadie, nadie es responsable, nadie es metido en la cárcel. Punto y se acabó. ¿No es un delito ese dinero que va a dar limpiecito a manos del crimen organizado? Son miles de millones de dólares, no esos trescientos y tantos millones. Ese dinero que se ha convertido en asesinatos, en políticos corruptos que lo reciben para dejar pasar y para tener parados todos los juicios en contra de ellos. Ese dinero lleva sangre, no va a ser perseguido, y esas personas no van a ir a la cárcel, se van a quedar en sus puestos o sólo las van a correr para que vayan a otros puestos a seguir haciendo lo mismo.

¿Dónde está la ética, dónde está la moralidad? Así es como se hacen las cosas, en ausencia total de ética y de responsabilidad con la sociedad. Entre ellos se entienden, se cobijan y se cubren. Es una complicidad espantosa la que hay entre los criminales que están en las calles, en los cárteles famosos, y todos estos financieros y estos políticos. Y ¿quiénes son los responsables? Los que están a la cabeza, eso es lo que acaba de decir el Evangelio: no hay pastores, están como ovejas sin pastor. El orden del mundo viene de Dios, según los principios teológicos que nosotros tenemos, y el Libro de la Sabiduría dice con toda claridad que los reyes serán juzgados muy duro porque de ellos dependía que hubiera justicia, que hubiera derecho. Esa es la función de quien gobierna, de garantizar la justicia y el derecho.

Las minas son propiedad de nosotros, de la nación, y nosotros delegamos a unos señores para que ese carbón pueda ser sacado de allí y pueda ser utilizado. Esos que están ahí, la Secretaría de Economía está a nuestro nombre, para administrar nuestro carbón. ¿Cómo vamos a admitir que para que saquen ese carbón haya muerte y haya inseguridad, y se pongan a sacarlo nada más porque a nosotros nos interesa? Lo que queremos los ciudadanos, los que delegamos y le pagamos con nuestros impuestos a los ciudadanos, es que el carbón que se da en concesión a una empresa, se saque con todas las condiciones de seguridad que corresponden, porque no queremos que nuestros hermanos mueran. Principales criminales o autores intelectuales son los que dejan actuar a esas mineras sin ninguna responsabilidad, y luego están los criminales directos, que son ya quienes operan eso. Es muy fácil encontrar dónde está la responsabilidad.

La responsabilidad de la sociedad

Lo que nos toca es ponernos las pilas como ciudadanos, dejar de ser cómplices en todo este entramaje. Tenemos un ejemplo tan sencillo como el caso de la compra y venta del voto tan tranquila que hacen muchos ciudadanos.

Tenemos que ser sujetos, tenemos que hacer un proceso –quienes trabajamos en las famosas ONG y tenemos las asociaciones de promoción de los derechos humanos- de trabajar para que quienes formamos esta sociedad nos convirtamos en sujetos activos, responsables, que tengamos una formación y una responsabilidad suficiente para no dejar a esa gente en la situación por la que está pasando.

Lo que nos toca es generar un proceso de recuperación del país con finalidades y objetivos muy claros. Creo que tenemos que empezar a responsabilizarnos de nuestro cuerpo jurídico, de dónde están todos los huecos para pedirles cuenta a todos estos de lo que están haciendo; dónde están los amarres para estarse estos protegiendo y perpetuarse de un puesto a otro. Tenemos que poner en orden nuestra Constitución; no convertirla en una Constitución de dictadores, pero sí un orden nacional, y dárselo a conocer al pueblo.

Yo pienso en un Congreso Constituyente alternativo en donde todos tengamos acceso a tener palabra; tenemos que salirnos de nuestros nichos los distintos organismos de los derechos humanos, y generar un consenso nacional en torno a un tema que puede ser eso, un trabajo comunitario responsable donde vayamos generando sujetos y descubriendo a los líderes morales que hay por todos lados en México, y llegar a establecer un orden nuevo social, político y económico en este país, sin necesidad de una revolución, de derramar sangre, sino un proceso de trabajo de cuadros, de conciencia, de articulación.

Esos jóvenes que están recorriendo las calles pueden ayudar muchísimo, pueden ser obreros de justicia, obreros de educación. Los ya viejos tenemos que abrirles a estos muchachos un espacio.

Ese Congreso puede tardar tres o cuatro años, pero al final tendremos rescatados a los líderes morales, tendremos a la fuerza para decirles a todos estos “Fuera”. Todos los partidos políticos, afuera, todos los que están en este momento, afuera, porque aquí tenemos a un pueblo que ha decidido tomar las riendas contra el abuso del poder, porque eso también está permitido en la Constitución.

EN MORELOS, EL GOBERNADOR PERREDISTA GRACO RAMIREZ IMPONE SU VOLUNTAD Y REINICIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMOELÉCTRICA QUE LOS HABITANTES RECHAZAN...


La protesta en contra de la termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla, Morelos.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (apro).- Por segundo día, un operativo de la policía estatal de Morelos, arribó a la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos, para custodiar a empleados de compañías contratistas que preparan el reinicio de la construcción de una termoeléctrica que los habitantes rechazan.
Ayer, al justificar el primer operativo, el gobierno de Morelos, que encabeza desde hace tres semanas el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, aseguró que no se estaban empleando armas de fuego; la presencia policíaca de hoy exhibió armas largas.
Desde las 5:00 horas de hoy, dos patrullas realizaron recorridos entre el plantón que mantienen los habitantes que rechazan la obra y la comunidad, portando armas tipo AR-15. Posteriormente, los uniformados armados se retiraron.
Alrededor de las 7:00 horas, unas 30 camionetas con agentes antimotines y empleados de compañías privadas, cercaron a una veintena de activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), así como del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” (CAM).
Un empleado gubernamental, a quien se identifica como Marino Martínez, tomó fotografías al rostro de defensores de derechos humanos que se encontraban documentando el operativo policiaco. En tanto, los elementos a su cargo, despojaron a un joven vecino de Huexca de su teléfono celular con el que grababa los hechos.
Marino Martínez, empleado del gobierno estatal, justificó la acción en una supuesta solicitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de otorgar garantías para su personal y los trabajadores de las empresas contratistas.
Desde las 7:00 horas y hasta después del mediodía, los policías bloquearon todas las rutas de acceso y salidaa Huexca, como lo hicieron ayer, aunque sólo por unas tres horas.
El bloqueo de los caminos se suspendió ante la llegada del diputado petista Héctor Salazar, quien ingresó al camino que entronca de la carretera Cuautla-Izucar de Matamoros, con Huexca.
Durante el día, se registraron diferentes momentos de presión y hostigamiento de los policías estatales, que inclusive, agredieron con escudos antimotines a fotógrafos que cubrían la situación.
“El fichaje fue cínico”, expresó Gerardo Espino, activista y reportero de un medio alternativo.
Por cuarta ocasión en lo que va de octubre, la asamblea de la comunidad rechazó hoy el inicio de las operaciones y refrendó su disposición al diálogo, a condición de que éste ocurra a partir del retiro de fuerzas policíacas, cese el hostigamiento a activistas y habitantes, así como la mediación del organismo Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
La presencia policiaca y los actos de intimidación se mantuvieron a lo largo de la jornada, mientras empleados de empresas contratistas se internaban en el predio donde se proyectó la termoeléctrica, custodiados por policías y guardias de seguridad privada. Trabajadores y policías se retiraron alrededor de las 5:00 de la tarde.
Los trabajadores correspondían a empresas de letrinas móviles, alimentos e iluminación, por lo que se supone preparan el ingreso de un grupo numeroso de trabajadores en los próximos días.
Un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, sirvió como intermediario para presentar el documento con las 500 firmas que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, asegura, son de habitantes que aceptan la obra.
Los habitantes de la comunidad indígena de Huexca, rechazaron que las firmas fueran de habitantes del lugar, salvo en caso en que la grafía se fotocopió de recibos de programas sociales. Además, localizaron firmas duplicadas.
Ante el representante del ómbudsman estatal exigieron un peritaje del documento.
Apro informó ayer que durante un operativo policiaco las fuerzas estatales habían agredido a un grupo de campesinas de la comunidad indígena de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, en una acción que fue asumida por el gobernador Graco Ramírez y sus colaboradores, con el argumento de que la mayor parte de la población en dicha comunidad está a favor de la construcción de la termoeléctrica.
El FPDTAMPT, se ha opuesto desde principios de año a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste en la construcción de un gasoducto de 160 kilómetros de longitud, rodeando el volcán Popocatepetl, que atravesará unas 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos, para alimentar dos termoeléctricas que se pretenden construir en Huexca, una comunidad indígena del municipio de Yecapixtla.
Ante la falta de consulta pública y el hecho de que, según el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el gasoducto tiene un trazo que atravesará por 23 kilómetros de la zona de mayor riesgo volcánico, así como la insustentabilidad y los impactos ambientales en la zona, los habitantes de Huexca decidieron bloquear el camino de acceso a la comunidad a personal y maquinaria que intenten iniciar la construcción de la termoeléctrica.
La queja principal de los manifestantes tiene que ver con la ausencia de información, los engaños y la simulación de diálogo, primero, del gobierno anterior del panista Marco Adame, quien pese a su respaldo al PIM no utilizó la fuerza pública para atacar a la manifestación.
A través de una nueva acción urgente, el CAM exigió al gobernador Graco Ramírez que respete las condiciones del diálogo que ayer por la noche simuló haber aceptado, al retirar a la totalidad de los policías que irrumpieron en el plantón y la comunidad.
“Solicitamos que el estado respete el derecho a la integridad física y psicológica de defensores de derechos humanos, así como del pueblo de Huexca, tal y como lo estipulan los tratados y principios internacionales que forman parte de nuestra Carta Magna”, demandó.