El Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicita a la Comisión de Mediación la reanudación de sus trabajos para coadyuvar ante el gobierno federal a la búsqueda de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
La Comisión de Mediación estuvo integrada por Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Rosario Ibarra, Enrique González Ruiz, el obispo Samuel Ruiz y el equipo de trabajo de Serapaz, y ante la imposibilidad para entenderse con el gobierno federal decidió el 23 de mayo pasado suspender sus labores.
El grupo armado rechaza cualquier interlocución con el nuevo titular de la CNDH y asegura que la persecución contra luchadores sociales en el país se encuentra en su apogeo.
Ponen como ejemplo el asesinato de Lenin Ortiz Betancourt, hijo de los profesores Mónica Betancourt y Rigoberto Ortiz dirigentes del Movimiento Democrático Magisterial Poblano; el estudiante de la BUAP y de la UNAM Fermín Mariano Matías originario de Puebla, asesinado, cuyo cadáver fue abandonado en territorio del estado de Tlaxcala.
También mencionan los casos del asesinato de Mariano Abarca Roblero, luchador social de la Red Mexicana de afectados por la minería (REMA) del movimiento en contra de la entrega de la industria minera en Chiapas, el asesinato de los luchadores sociales de la OCEZ Jordán López Aguilar y Ballardo Hernández de la Cruz cuando se produjo la detención de José Manuel Hernández Martínez, hoy ya en libertad.
Piden que se resuelva el asesinato de Miguel Pérez Cazales dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos, el asesinato de la hija y el yerno de una de las madres que pertenecen a la ONG Nuestras hijas de regreso a casa.
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